ESPAÑA, MÁS INSOLIDARIA QUE NUNCA

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional han denunciado que la nueva Ley de Asilo aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados convierte este derecho en "una carrera de obstáculos" y supone perder una oportunidad "para avanzar en el compromiso de proteger a quienes huyen de violaciones de derechos humanos".

Para Amnistía y CEAR, el texto aprobado "añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder".

"No se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional", denunciaron las ONG.

Entre los "obstáculos" incorporados a la ley, estas entidades señalan la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. La nueva norma recoge la posibilidad de que el solicitante pida un visado al embajador para viajar a España y cursar su petición de refugio en territorio, pero no contempla que la solicitud pueda tramitarse in situ, en la misma embajada.

"Nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español", denunciaron las ONG.

El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, el no considerar a los ciudadanos de la Europa comunitaria como posibles beneficiarios de este derecho, el concepto de "tercer país seguro" como causa de inadmisión de la solicitud y la ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, son otras de las modificaciones que "preocupan" a las entidades.

En el apartado de "aspectos positivos", CEAR y Amnistía Internacional señalan que la nueva norma "amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata".

Asimismo, destacan la inclusión de los programas de reasentamiento y la "mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios", así como la ampliación de los supuestos de persecución por motivos de género, orientación sexual y enfermedad.

El único grupo parlamentario que ha criticado la ley ha sido el formado por IU-ICV-ERC. Su portavoz, Joan Tardà, ha dicho que con esta ley "la Italia quizá pre fascista de Berlusconi es más solidaria que la España democrática".